Análisis
El Supremo brasileño promete devolver la "pejotização" a la Justicia del Trabajo. ¿Con qué vara?
Tres años después de un estudio que acusaba a la Corte de vaciar el Derecho del Trabajo, el Supremo retrocede en la disputa de competencia, pero conserva el criterio, la carga de la prueba y la agenda.
Willaq · Edición: Erik Chiconelli Gomes ·

En la apertura de un evento de sindicatos en São Paulo, esta semana, el ministro Gilmar Mendes dijo lo que muchos en la Justicia del Trabajo brasileña esperaban oír desde hacía más de un año: el Supremo Tribunal Federal (STF) debe mantener la competencia de los jueces laborales para decidir, caso por caso, si un contrato de prestación de servicios firmado a través de una empresa (la "pejotização", de PJ, persona jurídica) esconde una relación de empleo. Según la Folhapress, publicada por O Tempo, afirmó que la tarea de la Corte no es prohibir ni autorizar la práctica en bloque, sino ofrecer pautas para que la Justicia del Trabajo evalúe cada contrato. Defendió la CLT como civilizatoria, aunque con puntos obsoletos. La nota recuerda que en agosto de 2025 la había llamado "vaca sagrada".
La frase pesa por el historial de quien la dice. El 14 de abril de 2025, el mismo Mendes suspendió en todo el país los procesos sobre el tema, después de que el Pleno reconociera la repercusión general. La justificación fue el incumplimiento reiterado, por la Justicia del Trabajo, de la orientación del STF, lo que, según la propia decisión, convertía al Supremo en instancia revisora de causas laborales. La sección de São Paulo del Colegio de Abogados impugnó la suspensión en una nota pública. El Ministerio Público del Trabajo contó más de 1,21 millones de demandas laborales sobre el asunto entre 2020 y marzo de 2025. En junio de 2026, el relator liberó la tramitación en los juzgados y en los tribunales regionales, pero mantuvo suspendidos los casos ya juzgados por los tribunales regionales y todos los del Tribunal Superior del Trabajo.
Lo que un estudio de 2023 anticipó y lo que los hechos corrigieron
En 2023, las investigadoras Sayonara Grillo, Karen Artur y Elina Pessanha publicaron en la Revista de Direito do Consumidor un diagnóstico duro: el STF construía un Derecho del Trabajo para una economía política liberada de valores de justicia social. El argumento partía de una lista de decisiones. Entre ellas, el fin de la contribución sindical obligatoria, la licitud de la tercerización de la actividad principal, la validez de negociaciones colectivas que reducen derechos previstos en la ley y la rebaja salarial por acuerdo individual durante la pandemia. El marco teórico venía de Polanyi, Supiot y Dukes y Streeck: sin protección estatutaria, el trabajo se vuelve mercancía y la democracia pierde uno de sus pilares.
Tres años de hechos confirman una parte de esa lectura y desmienten otra.
Se confirma la fuerza de las reclamaciones constitucionales. El propio estudio registraba a la Primera Sala del Tribunal acogiendo reclamaciones de empresas contra jueces que habían declarado fraude en contratos de transporte de carga. Según la Folhapress, el recurso sigue en uso y el reclamo empresarial suele prosperar.
Se desmiente la tesis de un vaciamiento lineal de los sindicatos. En septiembre de 2023, en el ARE 1018459, con ponencia de Mendes, el Supremo revirtió su entendimiento de 2017 y admitió la contribución asistencial para toda la categoría, afiliados o no, siempre que se garantice el derecho de oposición. Adoptó el voto de Luís Roberto Barroso, quien en 2018 había descrito la disputa sindical como la elección entre un "modelo de subsidios y monopolios" y otro de autonomía individual. Después, la Corte vedó el cobro retroactivo. El dinero vuelve a los sindicatos, pero por un camino que conserva la premisa: la contribución colectiva solo vale si cada trabajador puede rechazarla individualmente.
La uberización, sin fecha
El juicio sobre el vínculo entre conductores, repartidores y plataformas comenzó el 1 de octubre de 2025, en el debut de Edson Fachin como presidente de la Corte. Los alegatos orales terminaron el 2 de octubre. El 24 de junio de 2026, cuando se esperaban los primeros votos, Fachin retiró el caso de la agenda para escuchar a las partes sobre el Convenio 193 de la OIT, aprobado doce días antes por 406 votos a 8. El convenio no impone una clasificación de empleo y solo produce efectos en Brasil si se ratifica. El caso volvió a la agenda el 27 de agosto, y el Pleno priorizó otro juicio. No encontré nueva fecha ni registro de voto de fondo. Más de 10.000 procesos esperan la tesis, y el Procurador General, Paulo Gonet, ya se manifestó contra el reconocimiento del vínculo.
La composición de la Corte cambió. Rosa Weber se jubiló en septiembre de 2023, y Barroso anunció su salida en octubre de 2025. Fachin, que quedó en minoría junto a Weber y Ricardo Lewandowski en decisiones centrales citadas por el estudio de 2023, como la ADPF 323, el ARE 1121633 y la ADC 48, preside hoy el tribunal y es relator del caso Uber. Hasta donde fue posible confirmar, la agenda que controla registra aplazamientos y ningún voto.
Competencia sin criterio
Cada lectura tiene su mejor argumento. La de la propia Corte habla de uniformar la jurisprudencia y dar seguridad jurídica: Fachin dijo, al fijar el caso, que había llegado la hora de una respuesta equilibrada. La liberal sostiene que la Justicia del Trabajo insiste en desconocer precedentes, que Uber es una empresa de tecnología y que el vínculo inviabilizaría un modelo de negocio. La progresista ve en la competencia laboral y en el Convenio 193 un piso de protección.
La señal de Mendes parece dar la razón a la tercera. Pero el STF todavía debe responder tres preguntas: quién juzga, si la contratación es lícita y a quién corresponde probar el fraude. La segunda se apoya en la ADPF 324, donde el Supremo aceptó la tercerización "o cualquier otra forma de división del trabajo", lo que presume licitud. La tercera decide quién carga con el peso de demostrar que un contrato firmado como PJ ocultaba subordinación. Una competencia devuelta sin una carga de la prueba favorable al trabajador puede significar, en la práctica, el derecho a perder en primera instancia. La reclamación constitucional, a su vez, mantiene en Brasilia la última palabra.
La lectura liberal también tiene un punto ciego. Los 1,21 millones de demandas en cinco años miden un conflicto, no solo una inseguridad. Son personas que trabajaron y fueron a juicio a decir que el contrato no era lo que decía ser. La incertidumbre nace de la práctica de contratar, no de los jueces que la examinan. Y el aplazamiento no es neutro: mientras el Supremo espera, los contratos siguen valiendo tal como fueron firmados.
Hay además lo que las tres lecturas comparten. Todas discuten cómo rotular a la persona, empleada o autónoma, y ninguna pregunta por qué el trabajo debe venderse bajo rótulo alguno. Las plataformas fijan precios, distribuyen tareas y bloquean cuentas, y por eso las organizaciones de trabajadores hablan de subordinación. Dukes y Streeck, en la lectura de Grillo, Artur y Pessanha, proponen desplazar la pregunta: el derecho de asociación y de acción colectiva debería alcanzar a todos los que dependen de un comprador de su fuerza de trabajo, cualquiera sea el contrato. La decisión sobre la contribución asistencial muestra cuánto depende hoy esa base colectiva de una salida individual.
Lo que queda sin respuesta
Si la competencia vuelve a la Justicia del Trabajo, pero el criterio, la carga de la prueba y la última palabra quedan en el Supremo, ¿qué fue exactamente lo devuelto? Y hay una contradicción que este texto no resuelve: la línea crítica de critics.press sostiene que la forma capital se volvió obsoleta, pero defender la CLT, los sindicatos y la Justicia del Trabajo es defender las instituciones que organizan el trabajo asalariado. El propio Convenio 193 trae reglas sobre algoritmos y datos de los trabajadores, y el mismo software que distribuye tareas y bloquea cuentas puede ser auditado por quienes trabajan bajo él. Aún no se sabe cuál de los dos usos reconocerá primero el Derecho.
Fuentes
- Folhapress / O Tempo: Gilmar Mendes sinaliza que reconhecerá Justiça do Trabalho para julgar ações de pejotização (13/11/2026)
- Notícias do STF: STF suspende processos em todo o país sobre licitude de contratos de prestação de serviços (abr. 2025) · ● pública, Brasil
- Notícias do STF: contribuição assistencial a trabalhadores não sindicalizados (Tema 935, set. 2023) · ● pública, Brasil
- Revista de Direito do Consumidor, v. 147 (2023): Grillo, Artur e Pessanha, Direito do Trabalho e Supremo Tribunal Federal
- STF, acórdão da ADI 5794/DF (contribuição sindical) · ● pública, Brasil
- Conjur: STF conclui sustentações orais em julgamento de vínculo em aplicativos (out. 2025) · ■ privada, Brasil
- Congresso em Foco: Fachin adia retomada do julgamento sobre uberização (24/6/2026)
- Brasil de Fato: STF retoma julgamento sobre uberização (22/6/2026) · ◆ independiente, Brasil
- Correio da Manhã: STF libera andamento de ações sobre pejotização (jun. 2026)
- TRT-9: perguntas e respostas sobre a Convenção 193 da OIT
- OAB SP: nota contra a suspensão de ações sobre pejotização (abr. 2025)
Cómo citar
Willaq. El Supremo brasileño promete devolver la "pejotização" a la Justicia del Trabajo. ¿Con qué vara?. critics.press, 17 de noviembre de 2026. Disponible en: https://critics.press/es/el-supremo-brasileno-promete-devolver-la-pejotizacao-a-la-justicia-del-trabajo-c
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